Togo - Justicia fuera de lugar: la CNDH pide una reforma urgente de las detenciones

El viernes en Lomé, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reavivó el debate sobre la detención preventiva en Togo, una medida que se suponía excepcional pero que de hecho se ha convertido en un mecanismo rutinario, ampliamente criticado por sus abusos.

Según las cifras reveladas por el Sr. Kwao Ohini Sanvee, Presidente de la CNDH, más de la mitad de las personas encarceladas en las prisiones togolesas están a la espera de juicio. Esta situación alarmante contribuye al hacinamiento en las cárceles y suscita serias preocupaciones en cuanto al respeto de los derechos humanos.

"La detención preventiva, que debería garantizar el buen desarrollo de la investigación judicial, se está convirtiendo en una pena anticipada, a veces más grave que la condena final", afirma indignado el Sr. Sanvee. El Presidente de la Comisión señala con el dedo la lentitud de los procedimientos, la flagrante falta de magistrados, la insuficiencia de las infraestructuras penitenciarias, a menudo heredadas de la época colonial, y el aumento de la ciberdelincuencia.

A modo de comparación, en Francia, la duración máxima de la detención preventiva está estrictamente regulada: cuatro meses para los delitos menores y de dos a tres años para los delitos graves. En Togo, sin embargo, no son raros los casos de detención preventiva de varios años. Algunas personas esperan juicio durante dos años por un delito menor castigado con tres años de cárcel, o seis años por un delito grave que, al final, sólo les valdrá una condena de cinco años.

La CNDH denuncia también una presión social y judicial malsana: en el imaginario colectivo, no encarcelar a un sospechoso en cuanto se presenta una denuncia se interpreta a menudo como una prueba de debilidad o parcialidad por parte del juez. Esta cultura contribuye a inflar las órdenes de ingreso en prisión, a menudo sin justificación suficiente.

Para salir de este punto muerto, la Comisión recomienda dos líneas de actuación principales: en primer lugar, desarrollar alternativas creíbles a la detención, como la revisión judicial o la libertad bajo fianza; en segundo lugar, establecer límites claros y estrictos a la duración de la detención preventiva, en línea con las normas internacionales.

Estas recomendaciones han sido el tema central de una reunión celebrada hoy en Lomé, en la que han participado todos los agentes implicados en el sistema de justicia penal. El objetivo era presentar propuestas concretas al Gobierno para impulsar la necesaria reforma del sistema judicial togolés.