Las tensiones alcanzaron su punto álgido en Los Ángeles después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue unilateral de la Guardia Nacional para sofocar un tercer día de protestas contra su política migratoria.
Esta decisión, tomada sin el consentimiento del Estado de California, desencadenó una gran controversia política e intensificó la ira popular.
Miles de manifestantes bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y rodearon edificios oficiales, provocando una respuesta de mano dura por parte de la policía.
El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass denunciaron una intervención federal "ilegal" y acusaron a Trump de autoritarismo.
En un momento en que la ciudad intenta recuperar el aliento, este despliegue plantea profundas cuestiones sobre la legitimidad del poder federal frente a la protesta popular.
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