El acceso a una vivienda digna en Lomé sigue siendo un reto importante para la población. A pesar del decreto nº 2022-001/ PR de 05 de enero de 2022, que pretende regular los arrendamientos de viviendas en Togo, el statu quo sigue siendo más que un lastre sobre el terreno.
El artículo 2 de este decreto pretendía establecer normas claras sobre alquileres y depósitos, con el objetivo de aliviar la presión financiera sobre los inquilinos y garantizar un marco jurídico transparente para las relaciones entre propietarios e inquilinos.
También estipula que los depósitos y anticipos no deben superar una suma equivalente a tres meses, para frenar los abusos de los arrendadores que, en un mercado poco regulado, suelen exigir sumas desproporcionadas por los depósitos y anticipos, poniendo a muchos togoleses en situaciones económicas difíciles.
Más de 2 años después del decreto, el gobierno sigue siendo incapaz de regular el sector. Sin embargo, la realidad sobre el terreno en Lomé sigue siendo dispar. Muchos arrendadores siguen eludiendo la ley imponiendo fianzas y anticipos que superan con creces los topes fijados por el decreto.
Esta práctica está especialmente extendida en los barrios más solicitados de la capital, donde la demanda de alojamiento es elevada y los inquilinos se encuentran en una posición más débil.
Solución a tomar
Adoptar un decreto sin controlar adecuadamente el proceso posterior significa un fracaso total. Por lo tanto, es necesario que las autoridades intensifiquen los controles y apliquen sanciones estrictas a los propietarios que incumplan la ley. Además, la instauración de un marco jurídico más sólido, con mecanismos de denuncia y recurso accesibles para los inquilinos, podría contribuir a proteger mejor sus derechos. También es esencial fomentar la construcción de viviendas sociales para ofrecer alternativas a los hogares con bajos ingresos y regular la demanda en el mercado del alquiler.
Como recordatorio, los contratos de alquiler en Togo se encuentran en una coyuntura crítica. Si no se hace nada para reforzar el marco jurídico, proteger a los inquilinos y hacer más justas las relaciones entre propietarios e inquilinos, es probable que la situación se deteriore. Las autoridades togolesas son conscientes de lo que está en juego y han mostrado su voluntad de actuar, pero aún quedan muchos retos por superar. El éxito de esta reforma dependerá de la estrecha colaboración entre el gobierno, los propietarios, los inquilinos y la sociedad civil para garantizar que todo el mundo disponga de una vivienda digna y justa.
El defensor
Spanish 
French 
English 
German 